¿Qué pasó con el Pago de Sentencias de Reparación Directa?



Durante los últimos cuatro años, el gobierno ha tratado de liquidar sus deudas con los particulares, pero los incumplimientos han continuado.


El estado colombiano debe enormes sumas en Pago de Sentencias de Reparación Directa, y esa cifra parece crecer año tras año sin parar. A medida que aumentan estos números, también aumenta el tiempo, por lo que en Conactivos hemos visto que muchos ciudadanos y clientes tienen que esperar mucho tiempo para recibir el dinero generado por el Pago de Sentencias.


Durante el gobierno anterior se planteó una estrategia que implicó una mayor inversión de capital y un proceso expedito para el Pago de Sentencias de Reparación Directa. La estrategia se enmarcó en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 para que la ciudadanía pudiera finalmente recibir los fondos esperados.


El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que fue establecido formalmente en la Ley N° 1955 de 2019, tuvo como objetivo sentar las bases de legitimidad, emprendimiento y equidad para lograr un país más equitativo para el pueblo colombiano. El plan contemplaba el Pago de Sentencias de Reparación, pues la ley establecía que estos procedimientos fueran considerados deuda pública, lo que traería beneficios en cuanto a ser reconocidos por el presupuesto estatal y ser expedidos y administrados por el Ministerio de Hacienda y Banco de la República como Títulos de Tesorería, respectivamente.


Desafortunadamente, todos los esfuerzos de la administración Duque para reducir los atrasos del país y acelerar la compensación a los ciudadanos que han esperado durante años sus pagos, no funcionaron incluso con la voluntad que el estado le dio a la situación. Por lo tanto, el gobierno nacional tuvo que reconsiderar algunos procesos y métodos para cumplirle a los ciudadanos con el Pago de Sentencias.


Esto dio como resultado dos decretos, el primero de los cuales es el Decreto N° 642 de 2020, que estableció que los beneficiarios de Pago de Sentencias de Reparación Directa debían suscribirse a un pago por acuerdo que le solicitaba al beneficiario renunciar a un porcentaje de los intereses moratorios devengados bajo dicha condición y a un porcentaje del importe inicial. A pesar de estas medidas, los plazos siguieron siendo amplios y las deudas siguieron siendo las mismas.


El segundo de estos decretos promulgados fue el Decreto N° 960 de 2021, por el cual se reformaron las disposiciones del decreto anterior y se continuó con la implementación de las existentes. Lo único nuevo del Decreto 960 fue la ampliación de los lapsos durante los cuales el Estado pudiera condonar algunas de sus deudas. Pero la realidad es que ninguna de estas disposiciones tuvo éxito y de hecho resultó en una situación en la que existían los recursos necesarios para agilizar el Pago de Sentencias de Reparación Directa moroso, aunque no la logística y el personal suficiente para atender y brindar dichos pagos.


Todo esto desembocó en que la deuda aumentara exponencialmente entre los años 2019 y 2021. Por ejemplo se tiene el caso de la Policía Nacional, entidad que tenía para el año 2019 una deuda de $1.801.635.743.719 y cerró  2021 con un monto de $2.354.785.364.038, y luego están varias otras entidades entre las que están el INPEC, la Fiscalía General de la Nación y muchas otras que también terminaron agregando más deudas, provocando más retrasos e impidiendo que se de un escenario donde sea posible que el Pago de Sentencias de Reparación Directa sea entregado a los beneficiarios.


Es necesario decir con claridad que este fenómeno no es responsabilidad del gobierno Duque porque lamentablemente dicho conflicto se ha ido intensificando al pasar del tiempo, haciendo que cada vez sea más difícil que los ciudadanos obtengan sus beneficios de las entidades estatales que les corresponden. Por lo tanto, se deben considerar políticas públicas a favor de los ciudadanos y del debido proceso.


Por eso en Conactivos queremos que los beneficiarios tengan una alternativa donde puedan obtener liquidez oportuna y justa mientras los acompañamos en las actividades y los trámites correspondientes al proceso.


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